Fuente: Melilla Hoy
El coordinador y candidato al Congreso por UPyD Melilla, Emilio Guerra, considera fundamental establecer medidas de regeneración política, que pasan ineludiblemente por ciertas reformas constitucionales. En este sentido manifestó que “debemos perder el miedo y las reticencias a cambios que son necesarios para afrontar el futuro en un marco de igualdad y pluralidad política”.
La vida pública y democrática española precisa de una revitalización, y sus instituciones de un menor acoso por parte, tanto del Partido Popular como del PSOE. Unión. Progreso y Democracia propone, entre otras cosas, que el Consejo General del Poder Judicial vuelva a los criterios de elección de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980, más acorde y respetuosa con lo regulado en el artículo 122.3 de la Constitución Española (CE). “Resulta inadmisible la politización a la que está sometido el poder judicial”, proseguía Guerra, nosotros abogamos por una división de poderes real y que nuestros jueces y magistrados actúen con total independencia de las posibles ingerencias políticas.
De esta forma, consideramos apropiado que el Tribunal Constitucional pase de 12 a 15 magistrados, con ello se evitan los empates del número par, a pesar del voto de calidad del Presidente, y se contribuye a aumentar en un número adecuado y no excesivo, que descarguen el voluminoso trabajo que tienen sus magistrados. Modificación por tanto del artículo 159.1 CE. Y los tres nuevos magistrados serían elegidos por el CGPJ.
Otra cuestión importante que Unión, Progreso y Democracia llevará en su programa electoral, según Emilio Guerra, es la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral de 1985 (LOREG) y en concreto su artículo 162.1 que fija en 350 el número de diputados, “consideramos más coherente fijarlo en 400 a fin de ganar en proporcionalidad”.
Para líder upedista en Melilla, hay que buscar un sistema electoral más democrático y proporcional a la hora de transformar los votos en escaños y no favorecer a los dos grandes partidos. “La fórmula electoral D´Hondt en circunscripciones de 9 o menos escaños tiene claros efectos mayoritarios, por tanto, proponemos utilizar la fórmula del resto mayor, que tiene efectos más equitativos y es más coherente con el artículo 68.3 de la Constitución”.
Tenemos un sistema electoral cuyos principios básicos son preconstitucionales (Ley para la Reforma Política de 1977 y Decreto-Ley de marzo de 1977), de verdadera utilidad en la Transición democrática española y que cumplió unos objetivos y fines perfectamente definidos, pero han pasado treinta años y actualmente obstruye e impide un trato igualitario a las diferentes fuerzas políticas. Finalizaba el cabeza de lista de UPyD para las elecciones de marzo, argumentando que “es mucho más fácil para los nacionalistas llegar al Congreso que para cualquier otra formación de ámbito nacional: lo que a unos les puede costar 400.000 votos a otros más de un millón, es decir, el voto de un ciudadano del País Vasco o Cataluña vale tres veces más que el de un melillense o madrileño, por ejemplo, y eso hay que corregirlo porque se desvirtúa el verdadero sentido de la democracia, estableciendo diferencias entre unos ciudadanos y otros”.
El coordinador y candidato al Congreso por UPyD Melilla, Emilio Guerra, considera fundamental establecer medidas de regeneración política, que pasan ineludiblemente por ciertas reformas constitucionales. En este sentido manifestó que “debemos perder el miedo y las reticencias a cambios que son necesarios para afrontar el futuro en un marco de igualdad y pluralidad política”.
La vida pública y democrática española precisa de una revitalización, y sus instituciones de un menor acoso por parte, tanto del Partido Popular como del PSOE. Unión. Progreso y Democracia propone, entre otras cosas, que el Consejo General del Poder Judicial vuelva a los criterios de elección de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980, más acorde y respetuosa con lo regulado en el artículo 122.3 de la Constitución Española (CE). “Resulta inadmisible la politización a la que está sometido el poder judicial”, proseguía Guerra, nosotros abogamos por una división de poderes real y que nuestros jueces y magistrados actúen con total independencia de las posibles ingerencias políticas.
De esta forma, consideramos apropiado que el Tribunal Constitucional pase de 12 a 15 magistrados, con ello se evitan los empates del número par, a pesar del voto de calidad del Presidente, y se contribuye a aumentar en un número adecuado y no excesivo, que descarguen el voluminoso trabajo que tienen sus magistrados. Modificación por tanto del artículo 159.1 CE. Y los tres nuevos magistrados serían elegidos por el CGPJ.
Otra cuestión importante que Unión, Progreso y Democracia llevará en su programa electoral, según Emilio Guerra, es la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral de 1985 (LOREG) y en concreto su artículo 162.1 que fija en 350 el número de diputados, “consideramos más coherente fijarlo en 400 a fin de ganar en proporcionalidad”.
Para líder upedista en Melilla, hay que buscar un sistema electoral más democrático y proporcional a la hora de transformar los votos en escaños y no favorecer a los dos grandes partidos. “La fórmula electoral D´Hondt en circunscripciones de 9 o menos escaños tiene claros efectos mayoritarios, por tanto, proponemos utilizar la fórmula del resto mayor, que tiene efectos más equitativos y es más coherente con el artículo 68.3 de la Constitución”.
Tenemos un sistema electoral cuyos principios básicos son preconstitucionales (Ley para la Reforma Política de 1977 y Decreto-Ley de marzo de 1977), de verdadera utilidad en la Transición democrática española y que cumplió unos objetivos y fines perfectamente definidos, pero han pasado treinta años y actualmente obstruye e impide un trato igualitario a las diferentes fuerzas políticas. Finalizaba el cabeza de lista de UPyD para las elecciones de marzo, argumentando que “es mucho más fácil para los nacionalistas llegar al Congreso que para cualquier otra formación de ámbito nacional: lo que a unos les puede costar 400.000 votos a otros más de un millón, es decir, el voto de un ciudadano del País Vasco o Cataluña vale tres veces más que el de un melillense o madrileño, por ejemplo, y eso hay que corregirlo porque se desvirtúa el verdadero sentido de la democracia, estableciendo diferencias entre unos ciudadanos y otros”.
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