La actual
crisis en la gestión de los MENAs debe abordarse con “rigor de Estado”.
El coordinador de Unión, Progreso y Democracia en
Melilla, Emilio Guerra, en nota de prensa, se ha manifestado sobre la
problemática existente en la ciudad con respecto a los menores extranjeros no
acompañados (MENAs).
UPYD se ha mostrado satisfecha de que en Melilla se
vayan sumando más voces a la vieja reivindicación de la formación magenta.
Guerra, ha indicado sentirse “más convencido que nunca y con mayores argumentos”
al solicitar la “revisión en profundidad” del Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, sobre atención
a menores extranjeros no acompañados –B.O.E nº 306 de 21 de diciembre de 2012-
“y en última instancia, caso de no obtenerse resultados satisfactorios para
poder seguir ejerciendo con rigor y eficiencia esas facultades y pactos,
devolver las mismas al Estado”.
Según el dirigente local de UPYD: “la situación para
seguir ejerciendo dichas capacidades con la debida diligencia, está al borde
del descontrol, las autoridades locales superadas y la ciudad al límite en
cuanto a infraestructuras y personal”. De modo, subrayó Guerra, “lo más sensato
es que sea el Estado quién asuma la responsabilidad y gestione directamente
esas funciones y servicios”, apuntando que una cosa es “devolver competencias
como las detalladas en el Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, que tendrían
cierta complejidad técnica, y otra bien distinta las del Convenio de
colaboración sobre MENAs., que en su
cláusula séptima establece las causas de resolución del citado Convenio”.
Se considera desde UPYD, que en este asunto “existen cuestiones
externas que deben resolverse por vía diplomática entre los Estados de España y
Marruecos”, pero mientras el Gobierno de Madrid “decida o no, abordarlo con
cierta profundidad, debemos cumplir nuestras leyes internas y las
internacionales como la Convención de Derechos del Niño”.
Emilio Guerra, estima que “no se trata de criticar y
hacer demagogia con un asunto tan delicado”, como tampoco está en el ánimo de
su partido “culpabilizar y criminalizar a nadie”. Guerra, considera que al
Gobierno de la Ciudad Autónoma “se le ha venido encima una problemática para la
que no estaba preparado y de ahí la necesidad de revisar todos los aspectos que
lo condicionan, empezando por el normativo”.
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