¿Un soldado para el futuro?

El despropósito de la Ley de la Carrera Militar, sigue manteniendo elevado el nivel de tensión y descontento dentro de las FAS. Nunca, una norma, destinada a regular la actividad y ejercicio profesional de un colectivo, para según su Preámbulo “adecuarlo a un nuevo modelo, basado en la calidad y en la capacidad”, tuvo desde sus inicios tan negativa aceptación por quienes iban a ser sus destinatarios. La razón principal, es bien sencilla: a nadie, por ejemplo, se le ocurre elaborar una nueva ley de la Función Pública sin consultar y consensuarla previamente con los funcionarios. Sin embargo, en este caso, los militares, apenas si tenían información sobre la misma el 20 de noviembre de 2007, día de su publicación en el B.O.E.
Ese nacimiento viciado, propio de prácticas de épocas preconstitucionales y de la prevalencia de criterios impuestos “manu militari” en las altas instancias ministeriales, ha supuesto un lastre hasta el mismo día de hoy, impidiendo su aplicación efectiva y provocando miles de recursos judiciales de toda índole, muchos de ellos, ya aceptados a trámite en el propio Tribunal Constitucional.
No es mi intención, hacer aquí un juicio sobre el contenido de una norma, que repleta de defectos, se torna inservible, y parece condenada a sufrir los clásicos “parches”, tan criticados como habituales en la legislación militar. El nuevo modelo de Fuerzas Armadas, conforme las exigencias de la Defensa Nacional y los tiempos que transcurren, por desgracia, carece de uno de sus pilares fundamentales, como es la regulación efectiva y eficaz de las condiciones laborales y profesionales de sus miembros activos.
Ante ese panorama o marco, parece un disparate tratar de desarrollar una ley de Derechos y Deberes –reguladora de un nuevo tipo de asociacionismo- que aunque ha sido consultada y expuesta a diferentes corrientes de opinión –por simple trámite- sigue acumulando los mismos errores anteriores en su proceso de elaboración, con un enfoque distorsionado de la realidad.
El ex JEME, General de Ejército, Luis Alejandre, manifestaba en una publicación reciente, su petición para que las “tripulaciones de políticos que pretendan desembarcar en Defensa, fuesen formados previamente”, ya que argumentaba, están en otra sintonía -por razones de edad- con los generales que forman la cúpula del Ministerio. Quizás, no le falten razones cuando habla de “cierta separación de esas personas con el mundo real de los ejércitos”, sólo que Alejandre, se refiere a la “clase política”, y desde mi modesta opinión, la frase debe hacerse extensiva también, a muchos de quienes visten o vistieron uniforme de alto rango en los despachos de Defensa.
No debemos olvidar, que han pasado más de treinta años desde la promulgación de la Constitución Española, tiempo más que suficiente como para “adecuar” la evolución social, económica y por supuesto estratégica de España, con las necesidades y exigencias de unas FAS modernas y europeas. Esa tarea se ha demorado en exceso, así que cabría preguntarse también, el grado de responsabilidad de los militares que tuvieron en esas épocas cargos relevantes y suficiente capacidad como para asesorar, proponer y desarrollar ideas o proyectos que hubiesen encauzado el asunto mucho antes.
Son algunas las voces que en estos momentos se quejan y lamentan de supuestas “injerencias políticas” en asuntos de naturaleza castrense. Debo de recordar con respeto y sin acritud, la obligación del mando militar en “velar por la moral, motivación, disciplina y bienestar del personal bajo sus órdenes”. De aquellos “vientos”, recogemos estas “tempestades”, así que no sería del todo justo, cargar en exclusividad contra quienes tienen ahora las “papeletas” para tratar de resolver un conflicto, que no se abordó en su día con la suficiente valentía, antelación, sensibilidad y riguroso análisis.
No será agradable, al menos para mí, ver a nuestros militares concentrarse en la calle, como está previsto el próximo día16, para solicitar “una carrera digna” en el ejercicio del derecho fundamental de reunión y libertad de expresión. Pero indiscutiblemente, el cúmulo de afrentas sufridas, los hirientes olvidos y la desprotección histórica que vienen soportando quienes son ejemplo de disciplina y abnegación, les colocan en una encrucijada donde no cabe un paso atrás, y donde tienen todo nuestro apoyo y solidaridad.
La formación en las academias militares, conforme al nuevo modelo, según el Gobierno, “para equiparar los estudios al de grado del Plan Bolonia”, da otro “giro de tuerca” a una situación, que cuanto más tratan de ajustar, más la descuadran. No acierto a entender la idea –obsesiva- por convertir a nuestros futuros oficiales en ingenieros.
Parece, como si todas las ramas del saber finalizaran en esa especialidad, o como si las humanidades fueran desechadas, ahora precisamente que en las misiones internacionales de paz, se requieren soldados capaces de interactuar con la población civil, que llevan a cabo operaciones de estabilización y asumen roles de diplomáticos, ¿Y por qué no antropólogos o sociólogos? Recuerdo, que insignes hombres de armas, lo fueron también de letras.
Sigo sin comprender, como en un completo programa de cinco años –desde 1989, homologados en licenciatura- tendrán cabida los créditos necesarios para carreras universitarias tan duras y exigentes como una Ingeniería de Máquinas o de Organización Industrial, sin elevar sensiblemente la carga docente desde el punto de vista cuantitativo, algo que incluso reconoce el propio Javier García, catedrático y Director General de Reclutamiento y Enseñanza del ministerio de Defensa.
Sea como fuere, al margen de abrirse un debate, sobre la necesidad o no, de complementar a la instrucción técnica militar, cada día más compleja y tecnológicamente avanzada –ya de por sí, estudios y materias de Grado- con la pesada carga de otra titulación universitaria, deberíamos plantearnos si realmente, ese es el perfil “elitista” de soldado que precisan nuestros ejércitos. Sinceramente, echo de menos esa “inquietud y honda preocupación” también en la formación y desarrollo de la carrera profesional para quienes son mayoría y parte orgánica fundamental en la estructura de nuestras Fuerzas Armadas: los suboficiales –a los que se les acaba delegando gran parte de las funciones de los oficiales- la tropa y la marinería.
Sin duda, son injusta y egoístamente los grandes grupos sacrificados. Olvidados, cuyo peso específico sólo se considera en los trabajos más duros y en las misiones de más riesgo. Los recortes presupuestarios, según las previsiones de los PGE para 2011, destinarán 244 millones de euros menos para personal, lo que reducirá los topes de alistamiento anteriores en unos tres mil soldados y marineros, ahora precisamente, que se estaba mejorando ostensiblemente en cuanto a la cantidad y calidad de las incorporaciones.
Con la Ley Orgánica de la Defensa Nacional de 2005, se comenzó a modificar todo el marco normativo militar anterior. La Ley de Tropa y Marinería -2006- fue la antesala para la discordia y caos que ha supuesto la de la Carrera Militar. Ahora, toca debatir una vieja reivindicación de los profesionales de las FAS, la regulación de sus derechos; pero no sólo los políticos, asociativos o reivindicativos -que causa verdaderas “ampollas” en el Ministerio- sino muchos otros de carácter social y económico, sobre los que se pasa de “tapadillo” y no se abordan atendiendo a las necesidades del momento, en lo que será la futura Ley de Derechos y Deberes.
Un personal, cuyo artículo 21 del Proyecto exige “disponibilidad permanente para el servicio”, al que no se le arbitra las compensaciones consecuentes para cumplir con eficacia demandas de semejante calado y sacrificio, tanto personal como familiar, ya que la Ley 29/99 de Apoyo a la Movilidad Geográfica, regula parcial y defectuosamente sólo algunos aspectos de esas cuestiones.
Cuando una profesión requiere de elevadas dosis de vocación, entrega, disciplina y amor al servicio, pero en el otro lado de la balanza, soporta una grave pérdida de valores morales, surge ineludiblemente la frustración y el desmotivo, peligroso cóctel que devalúa hasta extremos insospechados la personalidad de hombres y mujeres, a quienes se les reclama estar “preparados para servir y dispuestos para morir en el desempeño”.
Hasta un 80% de los expedientes de las Juntas o Tribunales Médicos militares, tienen relación con asuntos psiquiátricos –sobre todo, de personal de tropa- Ese “bache emocional” de los componentes de los ejércitos, está perfectamente analizado por especialistas y expertos en la Revista de Sanidad Militar (enero-marzo de 2010), donde se hacen serias advertencias sobre el llamado “síndrome de burnout”, patología similar a la depresión –hay jurisprudencia en sentencia 12/2000 del Tribunal Supremo- que se produce cuando se pierden las expectativas o ilusiones en el trabajo como consecuencia de una realidad distinta a la prometida o deseada.
Es un estrés en fase muy avanzada de su desarrollo, que tiene consecuencias severas en los afectados, a nivel personal, familiar y profesional. El derrumbe de determinados cánones en las FAS, está produciendo entre sus componentes un desgaste emocional progresivo que les lleva a la “quema” o fatiga física y mental.
Las medidas preventivas son de responsabilidad política gubernamental, y deben llegar no sólo del ámbito sanitario, ofreciendo la atención psicológica y psiquiátrica necesaria, sino también del lado administrativo, organizativo y legal, tratando de poner remedio al incierto futuro profesional de una carrera que carece de modelo definido, cuya natural flexibilidad y adaptación a tiempos y economías, se ha confundido con la condena a cabeceos errantes, fruto de oportunismos y de una falta de respeto despiadada hacia la institución, el militar y su significado en la Constitución Española de 1978.