El coordinador de Unión, Progreso y Democracia en
Melilla, Emilio Guerra, ha pedido en nota de prensa “más rigor y sentido de
ciudad” al gobierno de Melilla y formaciones de la Asamblea, al tratar la
problemática de los menores extranjeros No acompañados. Para el dirigente
magenta, en estos momentos, “sobre todo desde la Ciudad Autónoma”, se está
practicando “una política de interés electoral y partidista muy alejada del
interés general”.
Recuerda Emilio Guerra, que UPYD lleva mucho tiempo
reclamando la devolución de esas competencias al Estado, dada la multiplicación
exponencial en los últimos años de menores tutelados, algo que ha desbordado la
capacidad de gestión del gobierno popular de Juan José Imbroda.
Según Guerra, “lo más sensato ante un problema de
Estado, es que sea el Estado quién asuma la responsabilidad y gestione
directamente esas funciones y servicios”, apuntando que, una cosa es “devolver
competencias como las detalladas en el Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto,
que tendrían cierta complejidad técnica, y otra bien distinta las del Convenio
de colaboración sobre MENAs.–B.O.E nº 306 de 21 de diciembre de 2012- que en su
cláusula séptima establece las causas de resolución del citado Convenio”.
Desde UPYD, se critica “los vaivenes y falta de
coherencia” del ejecutivo Imbroda que en el año 2002 “amenazaba con devolver competencias
si no se le triplicaba la dotación presupuestaria”. En enero de 2018 el
alcalde-presidente reconoció “que se equivocó al pedir la devolución,
defendiendo entonces la tutela e integración de los MENAS” –alegando, además
que sería imposible desde el punto de vista legal- y recientemente, desde la
llegada del PSOE a la Moncloa, leemos que “regalaría esas competencias,
denunciando una entrada masiva inaguantable”, haciéndose público que la CAM
prepara “un estudio jurídico- económico para iniciar el proceso de devolución”.
Para Emilio Guerra, “cuando se antepone la política
de partido frente a las demandas y necesidades de la ciudadanía, ocurren esas
incongruencias y débiles criterios que te dejan en evidencia, como es el caso”.
Se considera desde UPYD, que en este asunto “existen cuestiones
externas que deben resolverse por vía diplomática entre los Estados de España y
Marruecos”, pero mientras el Gobierno de Madrid “decida o no, abordarlo con
cierta profundidad, debemos cumplir nuestras leyes internas y las
internacionales como la Convención de Derechos del Niño, salvo que Melilla sea
un territorio con normas diferentes a las del Estado español”.
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